Criminalidad en España: muchos presos y pocos delitos

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales -robo y tráfico de drogas-; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional.

"Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función". Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano.

El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

"Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo", dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos.

"Depende de cómo sea el tirón se puede castigar hasta con cinco años. ¿Debe ir a la cárcel esa persona si ha delinquido por primera vez?", se pregunta Eduardo Navarro, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, con 20 años de experiencia, 17 de ellos en juzgados de instrucción. "La sociedad no entiende que no sea así. Los incidentes que he tenido como juez han sido por no enviar a alguien a la cárcel", afirma.

Díez Ripollés ratifica que algunas penas son desproporcionadas. "No es razonable que un delito urbanístico se castigue con un máximo de dos años de cárcel, lo mismo que un hurto agravado, porque al final siempre acaban en la cárcel los mismos". Es el inicio de una tela de araña en la que queda atrapado el preso y que él ayuda a tejer en muchas ocasiones, pues los índices de reincidencia se sitúan entre el 40% y el 70%.

El perfil del recluso español apenas ha variado con los años. Es un hombre, de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas (48,4%).

El llamado Código Penal de la democracia de 1995 que impulsó el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch eliminó la redención de pena por trabajo o estudio y estableció el cumplimiento íntegro. Eso significa que la mayoría de las condenas se pagan "a pulso", en lenguaje carcelario, y que se aplica en muy pocas ocasiones la secuencia lógica en la vida penitenciaria: prisión preventiva, segundo grado, permisos, tercer grado, libertad condicional y libertad definitiva.

Siete de cada diez penados están en segundo grado, y así pasan la mayor parte de su estancia entre rejas, sin lograr permisos. Solo el 15,1% cumple condena en régimen abierto, y los que logran la libertad condicional suponen el 11%. "Es totalmente innecesario estar tanto tiempo en la cárcel. El cumplimiento íntegro no es bueno desde ningún punto de vista porque aumenta la reincidencia", sostiene José Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que ha analizado el fenómeno en el libro El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006.

El abogado madrileño José Luis Galán lleva en la profesión más de 35 años y sigue en el turno de oficio. Tiene claro que la situación se hace cada más vez insostenible y que urge un cambio legislativo en sentido contrario al incremento punitivo de los últimos años. "Lo que no se puede hacer es buscar el aplauso fácil. No siempre se legisla para sacar votos, porque, si no, no habría impuestos. Hay que cambiar las normas que se aplican para que la cárcel sea el último recurso, no el primero y único", asegura. A renglón seguido reprocha al PSOE la aplicación de una política punitiva que, de manera sustancial, coincide con la del PP. "La izquierda se ha abonado a la chita callando a esa política represora. Cuando no se ha puesto al frente de la procesión, ha ido detrás con el capirote y gran mansedumbre".

Galán también cuestiona que algunas conductas estén tipificadas como delito. "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es disparatado que las amenazas del marido a la esposa sean delito. Y con la última reforma sobre seguridad del tráfico se han pasado". Ahora hay en España 3.721 presos penados cuyo delito principal es de violencia doméstica, desde un asesinato -una minoría-, a lesiones o amenazas. También hay 816 reclusos por delitos al frente del volante.

"La delincuencia patrimonial de escasa importancia no es razonable que se castigue con penas que comportan la entrada en prisión", dice Díez Ripollés. Con tres matices: que sean delitos graves, que los cometan reincidentes o altos sectores de la sociedad. "A esos solo se los puede intimidar con la cárcel", afirma el jurista. Y es que los delincuentes de cuello blanco que acaban entre rejas son una excepción. Casi nadie discute el efecto ejemplarizante que eso causa en la sociedad, aunque tarden en entrar porque pagan mejores abogados y agotan todos los recursos, muchas veces con el beneplácito de los tribunales.

"El Código Penal es duro con el débil y débil con el duro", asegura Díez Ripollés. "Los tribunales tienden a ser más comprensivos con determinados delitos porque la ley es interpretable", opina la abogada barcelonesa Lidia Lajara, con 16 años de experiencia como penalista. "Hay muchos tipos de jueces y sería injusto no reconocer que muchos creen en la rehabilitación y apuestan por ella", dice José Cid. Lo que ocurre es que las administraciones no les ofrecen la posibilidad de imponer medidas alternativas. "Hay que decir que los jueces de Cataluña somos unos afortunados y que sí podemos imponer penas al margen de la cárcel de las que en otras comunidades no han oído ni hablar", dice el juez Navarro.

"Otra política criminal es posible", afirma el catedrático Díez Ripollés, y las penas alternativas para delitos menores son un ejemplo. Ayudarían a descongestionar las prisiones y reducirían el gasto público. Una medida así cuesta 3,05 euros diarios, y el coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat catalana, la única comunidad con competencias en prisiones.

"No se puede dejar de castigar al delincuente, pero sin tanta dureza y aplicando las políticas que ya han dado resultados en otros países", dice Díez Ripollés. Como en Finlandia, recuerda, que a principio de los ochenta tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y ahora está a la cola.

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ANEXO

La droga y 'los BBC'

Un grupo de presos que cumplía condena en Madrid por tráfico de drogas fue conocido durante muchos años como los BBC: procedían de Bogotá, habían aterrizado en Barajas y acabaron en la cárcel de Carabanchel. En las prisiones españolas hay ahora 15.868 penados con el vigente Código Penal por delitos contra la salud pública, que representan el 27,8% del total. Quedan otros 200 con el código derogado hace 13 años, lo que da idea de la dureza de las penas por esos delitos.

"No puede ser que se condene igual a quien se le pilla con 800 gramos de cocaína que al que se le coge con varios kilos. Y, además, éste saldrá antes porque tiene mejores abogados", advierte el juez Eduardo Navarro. "Por esos 800 gramos de cocaína le pueden caer de 9 a 13 años y medio, seguramente más que por un homicidio, que se castiga de 10 a 15 años".

Mercedes Gallizo también constata que "el pequeño traficante casi siempre acaba cumpliendo una pena muy alta". ¿Debería cambiarse el Código Penal? "No me gusta pronunciarme sobre eso. Es el legislador el que debe analizarlo. Lo que hay que tener claro es que la droga lleva a la cárcel y que las penas son muy altas", dice. "Cuando impones una pena así, duele, porque ves que ese mulero se ha jugado una condena muy alta por 3.000 euros, pero la ley dice lo que dice", añade Navarro. "Con el tráfico de drogas existe muy poca consideración de los jueces. Y no solo para condenar, sino para que se aplique un atenuante de drogadicción", razona la abogada Lidia Lajara. "No se tienen en cuenta las circunstancias personales y sociales del que llega con una bola en el estómago jugándose la vida. Es verdad que la ley no permite considerarlo como estado de necesidad, pero tampoco se puede ser ajeno a los motivos que lo han llevado a delinquir", añade.

Hay otros casos. "Está muy bien que cerremos los psiquiátricos, pero no los hemos sustituido por nada", dice Gallizo. Y eso que el 25% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental.

Y después están los extranjeros, que son el 37% de los presos. Como no tienen domicilio conocido es más fácil que acaben en prisión preventiva y más difícil que logren un permiso. Muchos son expulsados cuando salen de la cárcel y por haber delinquido una sola vez.

Pere Rios

El Pais