domingo, 28 de junio de 2009

En el corazón del "narcoestado"

Grandes narcotraficantes usan Guinea-Bissau como base para introducir droga en Europa. Un periodista de EL PAÍS ha recorrido el país: una de las naciones más pobres del mundo, un territorio donde los militares, enzarzados en sangrientas pugnas, impiden investigar los alijos de droga encontrados, y los 'narcos' latinoamericanos cruzan la tenebrosa noche de Bissau en coches de lujo.

Los narcotraficantes andan por ahí y no es difícil identificarlos. En esta misma sala me han venido a ver cuatro o cinco veces para proponerme negocio. Aquí, donde está sentado usted, me ofrecieron 10 millones de euros". José Zamora Induta, 43 años, jefe de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau, habla con una naturalidad asombrosa sobre las redes de traficantes de drogas, locales y extranjeros, en este país de África Occidental. Zamora, capitán de navío (grado equivalente a coronel), es el nuevo hombre fuerte después del doble asesinato, el 1 de marzo, del presidente João Bernardo Nino Vieira y del jefe de la cúpula militar, general Baptista Tagmé Na Wae. Hoy, los guineanos acuden a las urnas para elegir a un nuevo presidente, en un clima donde predomina el pesimismo. ¿Tan mal están las cosas en este país africano, maltratadoy olvidado a partes iguales, al que una agencia de la ONU y numerosos medios ya describen como el primer narcoestado de África?

De noche, en el corazón de las tinieblas de la capital guineana hay vida. Las sombras se mueven como en pleno día. Es la adaptación al medio, como los felinos, y a muchos años de vivir en la oscuridad. La vida nocturna permite descubrir que la presencia de traficantes de distinto pelaje, contrabandistas, negociantes, aventureros, espías, confidentes, no es una fábula. Alimentados por ruidosos grupos electrógenos, bares, restaurantes y discotecas tienen abundante clientela los días que están abiertos.

Hasta un casino. ¿Un casino en Bissau? ¿Para qué? Para lavar dinero sucio, comenta un residente extranjero con larga experiencia en África. La imagen no puede ser más deprimente. La sala de máquinas tragaperras está desierta. En una esquina, una mujer sentada en la barra da cabezadas. En la sala de juego, separada por una cortina roja, seis tipos juegan al póquer en un ambiente lúgubre.

Por las calles polvorientas asoman vehículos que no pasan desapercibidos en un parque móvil de derribo como el guineano. Kalliste, en la plaza del Che Guevara, es uno de los locales frecuentados por los amantes de la ostentación en medio de la miseria. A medianoche, mientras suena la música en vivo, llegan camionetas Hummer, Porsche Cayenne, Mercedes, Audi.

Últimos modelos. De su interior salen negros fornidos o tipos con acento latinoamericano acompañados de muchachas atractivas. Algunos deestos vehículos duermen en el hotel 24 de Septiembre, con fama de tener la mejor piscina de Bissau. Los fines de semana, jóvenes de buena planta y aprendices de modelo pasan aquí la tarde, en compañía de buen whisky, móvil en mano y ante la mirada de guardaespaldas. Son escenas de un mundo que parece irreal, en contraste brutal con la realidad de cualquier rincón de este país maltratado.

El narcotráfico empieza a ser un problema a partir de2005, con el regreso de Nino Vieira, el gran actor político de las últimas décadas que había sido derrocado seis años antes. Pescadores de la región costera de Biombo descubren un bidón flotando en el agua empujado por la corriente. En su interior hay un polvo misterioso de color blanco. Los nativos experimentan con el hallazgo: unos lo usan para embadurnarse el rostro y sienten mareos; otros creen que se trata de un fertilizante, pero las plantas y hortalizas se mueren, e incluso los hay que lo prueban para marcar las líneas de un campo de fútbol. El caso alcanza amplio eco mediático cuando se comprueba que se trata de un bidón de cocaína extraviado de un cargamento lanzado al agua desde un barco.

A finales de 2007, Carmelita Pires, ministra de Justicia de la época, acude a Lisboa a una conferencia internacional sobre narcotráfico y presenta una relación de políticos, militares y policías de Guinea-Bissau involucrados en actividades ilegales. "Era un trabajo sobre quién es quién", explica. Pires está amenazada de muerte.

Aquel mismo año, Amador Sánchez Rico, jefe de la oficina de África Occidental de la Comisión Europea, recibe una orden escueta de su jefe en Bruselas: "Ocúpate de Guinea-Bissau. Se están complicando las cosas". Llegan noticias inquietantes que indican que una cuarta parte de la droga colombiana, peruana o boliviana que se consume en Europa transita por la nueva ruta africana. Los informadores sobre el terreno hablan de cargamentos de cocaína por mar y aire a islas deshabitadas, a pistas de aterrizaje abandonadas, de aviones que lanzan la carga en paracaídas, de mulas (correos humanos) que transportan cápsulas con droga en el estómago. "Hay historias de película imposibles de contrastar", explica Sánchez Rico. Las autoridades guineanas piden ayuda, Portugal presiona, España abre embajada y los organismos internacionales empiezan a reaccionar: Naciones Unidas, Unión Europea (UE), Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)...

La antigua colonia portuguesa ha empezado a recibir periodistas en busca de historias de narcotraficantes. Quien espere encontrarlos a la vuelta de la esquina puede llevarse una tremenda frustración. Lo que salta a la vista es un mundo de pobreza y abandono, donde la mayoría sobrevive como puede. Bissau es una ciudad con la red eléctrica destruida por la guerra de hace 10 años -tienen luz quienes disponen de grupo electrógeno-, sin agua corriente y, prácticamente, sin red de telefonía fija. Una cuarta parte de los niños muere antes de los cinco años. Dos tercios de los 1,7 millones de habitantes viven por debajo del umbral de pobreza. El PIB nominal per cápita es de 220 dólares, entre los cuatro más bajos del mundo, según el FMI. El funcionamiento de los hospitales depende en un 90% de la ayuda exterior o de acuerdos para programas específicos. Los empleados públicos, con excepción de los militares, no cobran su salario desde enero. Muchos edificios, como el antiguo palacio presidencial, exhiben los destrozos de la última guerra (1998-1999).

"Es un país con todos los ingredientes de un Estado fallido", dice Sánchez Rico. Gran parte del territorio nacional, que incluye 82 islas del archipiélago Bijagos y numerosas pistas de aterrizaje de la época colonial, está fuera de control. La Marina tiene apenas dos embarcaciones en funcionamiento. La Fuerza Aérea sólo existe nominalmente, porque ni siquiera tiene un helicóptero. "En Guinea-Bissau sólo vuelan los mosquitos", comenta el general Juan Esteban Verástegui, jefe de la misión de la UE para la reforma del sector de seguridad.

A las siete de la mañana, el club militar de oficiales de Bissau, habilitado provisionalmente como sede del Estado Mayor General, es un hervidero de soldados fuertemente armados. Son el escudo del hombre más protegido del país. "Este puesto es de alto riesgo", admite el jefe máximo, José Zamora, vestido de uniforme de faena y boina, al recordar la bomba que mató a su antecesor en la sede del cuartel general del Ejército. Los tres últimos jefes militares de Guinea-Bissau murieron violentamente. Zamora se esfuerza en transmitir una sensación de normalidad, aunque el mensaje que sale de sus entrañas no es tranquilizador, en un país donde los militares tienen la última palabra. "Aquí haría falta un dictador, en el buen sentido, para moralizar la sociedad", dice sin pestañear. "Para combatir el narcotráfico es preciso alguien que esté limpio. Se lo he dicho a los americanos cuando les pedí medios para enfrentar a los traficantes".

En la misma entrevista acusa directamente al ex ministro y candidato presidencial Baciro Dabó de estar detrás del atentado que costó la vida al anterior jefe de las Fuerzas Armadas. "Pero este político tiene inmunidad y no lo podemos citar a declarar", dice. Días después, el ex ministro y comandante del Ejército murió acribillado por hombres uniformados en su casa. Idéntica suerte corrió el ex ministro de Defensa Helder Proença. Los militares dieron una versión difícil de creer que acusaba a las víctimas de preparar un golpe de Estado, pese a tratarse de dos políticos controvertidos, vinculados con el anterior presidente Vieira. Es decir, para impedir un golpe mataron a quemarropa a dos dirigentes políticos.

Es paradójico. Pocas lecciones de limpieza moral puede dar el Ejército de este país, pese a las palabras de su jefe. Basta escuchar a Lucinda Barbosa, directora general de la Policía Judicial (PJ), único cuerpo de seguridad con competencias para combatir el narcotráfico. Tiene 60 agentes -espera contar con 107 a finales de año-, mal remunerados y sin recursos, frente a un enemigo con dinero de sobra para comprar voluntades. "Es difícil luchar contra el crimen organizado, exige mucha inversión y tiempo", afirma. "Queda mucho por hacer, pero algo hemos hecho", agrega.

Las tres mayores capturas de droga, entre 2006 y 2008, han sido episodios dignos de la mejor película de intriga. El primer cargamento (674 kilogramos de cocaína), interceptado en el puerto de Bissau, está valorado en 20 millones de euros. La droga desapareció de los depósitos del Tesoro Público y la investigación sigue abierta. En el operativo del segundo alijo (634 kilos), descargado en una antigua pista de aterrizaje de la época colonial a 50 kilómetros de Bissau, caen detenidos el capitán Rui Na Flack y el teniente Augusto Armando Balanta. Son liberados por orden del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Tagmé Na Wae, que se erige en juez. Cuatro meses después, los colombianos Juan Pablo Camacho y Luis Fernando Ortega son detenidos con 95.000 euros, dos granadas, un fusil AK-47, una pistola y gas paralizante. Salen libres después de pagar una fianza.

El caso más escandaloso estalla en julio de 2008, cuando aterriza en el aeropuerto internacional de la capital guineana un jet privado procedente de Venezuela. Aparentemente tiene problemas técnicos. A las pocas horas llega otra nave desde Dakar con la presunta misión de prestar asistencia técnica. El cúmulo de irregularidades es increíble. Ninguno de los dos aviones tiene plan de vuelo; desde el primer momento, el Ejército se adueña de la situación y establece una línea roja alrededor de la primera nave; las autoridades aeroportuarias y la Policía Judicial no pueden acercarse al lugar; el Gobierno sólo es informado al cabo de seis días.

"Los militares dicen que el avión transporta medicinas para las Fuerzas Armadas y nosotros decimos que no", recuerda Lucinda Barbosa en su despacho de la dirección general de la PJ mientras muestra varias fotografías. En ellas se ve a soldados de uniforme descargando cajas del avión bajo la supervisión del comandante Papa Camará, jefe de la Fuerza Aérea. La directora de la PJ está convencida de que aquellas cajas contenían 515 kilos de cocaína que desaparecieron como si se tratara de humo.

"Si transportaba medicinas, ¿por qué impidieron el acceso de otras fuerzas?, ¿por qué no presentaron a la aduana la declaración de carga?, ¿por qué el Ministerio de Defensa no sabía nada?". Las preguntas de la directora de la Policía Judicial siguen sin respuesta, pero hay un dato que despeja cualquier duda. La DEA y el FBI informan a las autoridades guineanas que el piloto del avión sospechoso, Carmelo Vázquez Guerra, con pasaporte venezolano, había sido detenido en abril de 2006 en el aeropuerto mexicano de Ciudad del Carmen (Campeche) tras aterrizar a los mandos de un DC-9 con cinco toneladas y media de cocaína. En aquella ocasión acabó esfumándose. La fiscalía antidroga de México le acusa de pertenecer al cartel de Sinaloa, una de las dos principales bandas mafiosas que operan en aquel país. Llega a Bissau una orden internacional de captura contra el piloto, mientras policías de varias nacionalidades buscan la droga. "Trabajamos un fin de semana entero para conceder la extra

dición", explica Carmelita Pires, ministra de Justicia de la época. La droga no aparece y, lo que es peor, el lunes siguiente, el juez de instrucción, con la connivencia del ministerio público, decreta la libertad de todos los detenidos por falta de pruebas, tres latinoamericanos y un guineano.

Pedro Nfanda, abogado del piloto y del copiloto, alega problemas de incompetencia por no existir tratado bilateral de extradición entre Guinea-Bissau y México. Nfanda es conocido por haber defendido a varios acusados de narcotráfico. Su cliente más conocido es el contralmirante José Américo Bubo Na Tchuto, ex jefe de la Marina y refugiado en Gambia desde finales del año pasado por una intentona golpista. Son de dominio público los relatos sobre la vida alegre y de ostentación de Bubo, cuyo apodo aparece en todas las listas de la red local de traficantes de droga. En una entrevista en su despacho, el abogado Nfanda anu

ncia su intención de ser candidato a las elecciones presidenciales del 28 de junio. "Creo que puedo aportar algo distinto de la política de mi país", declara.

Han pasado 10 meses y los dos reactores abandonados en una pista del aeropuerto Osvaldo Vieira de Bissau son testigos mudos de la impunidad con que se mueve el crimen organizado en África Occidental. "No pondría la mano en el fuego por nadie, realm

ente por nadie", confiesa Lucinda Barbosa. "Los guineanos necesitamos ver una condena, aunque sólo sea una, para ejemplo de que el Estado funciona mínimamente", suplica la ex ministra Pires, que dirigió el Plan Nacional de Combate al Narcotráfico hasta su reciente dimisión. [En diciembre de 2005, la policía española desbarató una red de narcotraficantes colombianos que operaban desde Guinea Bissau con avionetas cargadas de droga. Una de ellas, pilotada por alemanes, fue interceptada en un aeródromo segoviano con 106 kilos de cocaína]. "No se ha hecho nada", admite Pires, compungida a la hora de dibujar un escenario de impunidad y complicidad al más alto nivel.

Los militares son parte del problema, dice más de una voz en Guinea-Bissau. Para tratar de acabar con el problema está desplegada la Misión de la Unión Europea para la Reforma del Sector de Seguridad, que dirige desde hace un año el general español Juan Esteban Verástegui, de 66 años. El objetivo es reducir drásticamente los 4.500 efectivos de un Ejército obsoleto, con tres veces más oficiales que soldados, la mayoría de los cuales ni aparece por los cuarteles, que se caen a pedazos, porque no hay nada que hacer. Como La Mura, sede de la zona militar del centro, que abarca Bissau y su región. A la entrada hay tres soldados entrados en años, sin armamento y con escasa disposición a la vigilancia. Uno de ellos está tumbado en el suelo, literalmente, sobre una estera. Es la hora de la siesta.

"Es un ejército de viejos y hay que jubilar a la mayoría", dice Franco Nulli, embajador de la Unión Europea. Unos 3.000 uniformados pasarán al retiro, según el plan previsto. Antes es preciso garantizar un fondo de pensiones alimentado por la comunidad internacional durante cuatro o cinco años mientras el Estado sanea sus finanzas. "Las comisiones existen y trabajan con apoyo internacional, pero los fondos llegan a cuentagotas, porque hay mucha desconfianza", reconoce Nulli. Mientras tanto, la cocaína sigue su trayecto a través de Guinea-Bissau, dejando como único rastro el aumento de la corrupción y de los pequeños consumidores de restos de droga que se pierden por el camino. Los beneficios del negocio quedan lejos.

"El mayor problema de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau es que no están controladas, ni encuadradas, sin un mando claro. Es un reino de Taifas, donde manda cada comandante de zona. En una situación de descontrol florecen las iniciativas personales", explica el general Verástegui, cuya hoja de servicios combina misiones de paz en puntos calientes, como República Democrática del Congo, Guatemala, Bosnia-Herzegovina. "Es muy fácil corromper en Guinea-Bissau. La tentación de entrar en el negocio de la droga está en todos los sectores", dice el general, quien está convencido de que existe una ruta africana para el tráfico de droga -"los narcos ensayan diversas rutas"-, aunque prefiere no entrar en detalles sobre Guinea-Bissau. Prefiere describirla como una ruta alternativa de los grandes carteles de la droga. "Nunca ponen los huevos en la misma canasta". En su opinión, Guinea-Bissau es una nación vulnerable, que está en el centro de todas las acusaciones, pero las miradas deberían dirigirse también a otros países de la región. Sin ir muy lejos, a la vecina Guinea-Conakry, donde la junta militar que tomó el poder en diciembre pasado tras un golpe de Estado lleva a cabo una intensa campaña para limpiar la imagen corrupta de las instituciones. -

Francesc Relea
EL PAIS

sábado, 20 de junio de 2009

El Dr. Robert Hare en el Congreso Nacional de Criminologia


Alrededor del 3,5% de la población tiene trastornos de personalidad y un uno por ciento podrían ser considerados psicópatas. Sin embargo, estas cifras aumentan considerablemente si se analiza el censo de criminales que cumplen condena: Entre el cincuenta y el ochenta por ciento presentan trastornos de personalidad, mientras que entre un quince y un veinte por ciento responden al perfil del psicópata.

El catedrático emérito de la universidad canadiense British Columbia, Robert Hare, considerado el máximo experto mundial en el estudio de la psicología de los psicópatas, abrió ayer en Santiago el Congreso Nacional de Criminología y avanzó los últimos estudios que se están realizando para saber si este tipo de personas padecen algún tipo de disfunción cerebral. En este sentido, Hare dijo que los análisis más recientes tratan de confirmar que los psicópatas difieren de las demás personas en su función y estructura cerebral. «Eso podría implicar que no sean responsables de sus comportamientos», indicó el investigador.

De confirmarse esta teoría, eso abriría un complicado debate sobre si este tipo de personas son o no responsables de sus comportamientos.

El catedrático dibujó el perfil de un psicópata como alguien en quien confluyen varias características comunes, básicamente «idiotas emocionales»: egocéntricos, deshonestos y manipuladores, con emociones poco profundas y superficiales, individuos que creen que se merecen todo lo que tienen y que tienden a ser dominantes, impulsivos y con un estilo de vida nómada.

El investigador destaca otras características que coinciden en este perfil: personas irresponsables, con necesidad de sentir emociones fuertes y propensas a utilizar la intimidación y la violencia, que no son además leales con nadie y carecen de remordimientos. «No se trata, en cualquier caso -aclaró-, de enfermos mentales», sino de personas que actúan conscientemente. Y, de momento, no tienen cura, porque no hay nada que curar. Hare, que ha desarrollado técnicas como la Psychopathy Checklist (PCL) y la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), usadas para diagnosticar casos de psicopatía y para predecir posibles comportamientos violentos, dijo que, en la población reclusa, los psicópatas son individuos especialmente difíciles de tratar, con alto riesgo de protagonizar agresiones y episodios violentos, con mala conducta institucional y muy propensos a la reincidencia, muy por encima del resto de los delincuentes, así como de cometer delitos sexuales. Según sus estudios, el cincuenta por ciento, por ejemplo, de los proxenetas responderían al perfil del psicópata, así como el 65% de los violadores o el setenta por ciento de los asesinos en serie. «La posibilidad de reincidencia es más alta cuanto más alto es el grado de psicopatía que presenta», explicó el investigador.

Robert Hare reparó en su charla en que los principales síntomas de la psicopatía tienen «una fuerte determinación genética». El investigador colabora con un grupo de detección precoz de psicópatas en población infantil y juvenil de la Universidade de Santiago. El objetivo es detectar en menores en régimen de internamiento judicial los factores que les han conducido a convertirse en delincuentes. Este proyecto piloto, subvencionado por la asociación Camiña Social, podría extenderse a los centros en los que están recluidos jóvenes de 14 a 18 años, de modo que se pudiera facilitar su tratamiento y su reintegración social.


Nacho Miras

La Voz

viernes, 19 de junio de 2009

ETA EZ: Hoy se cumplen 22 años de la masacre de Hipercor y ETA vuelve a matar

Hoy, 19 de junio, se cumple el 22º aniversario del atroz atentado de ETA en el supermercado Hipercor de Barcelona. En la acción terrorista, la más sangrienta de las llevadas a cabo por la organización, perecieron 21 personas y 45 resultaron heridas de diversa gravedad. La mayoría de las víctimas recuerdan aquel día como el más trágico de su vida y, si bien casi todas se han reincorporado con normalidad a sus respectivas labores, algunas dedican gran parte de sus esfuerzos a conseguir una indemnización digna.

A sangre fría
Los miembros del comando "Barcelona", Josefa Ernaga, Domingo Toritiño y Rafael Caride Simón, que fue quien propuso el atentado, decidieron estallar una potente bomba incendiaria dentro de los almacenes Hipercor, siguiendo órdenes del entonces jefe de la banda terrorista Santiago Arrospide Sarasola, "Santi Potros".

Los tres premeditaron a sangre fría la acción. Visitaron previamente los almacenes y eligieron el lugar en que el automóvil iba a ser aparcado, así como la hora de la explosión. En un piso situado en la barcelonesa calle de Casteldefels prepararon una bomba con unos 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina y una cantidad indeterminada de pegamento adhesivo y escamas de jabón hasta un total de 200 kilos, que luego serían introducidos en bidones de plástico dentro de portaequipajes del vehículo robado, un "Ford Sierra". El artefacto se completó con un dispositivo de retardo con temporizador.
El día escogido para la matanza fue el 19 de junio de 1987. Tras colocar el coche bomba en el aparcamiento del supermercado, Troitiño hizo tres llamadas desde una cabina telefónica, en la que daba aviso a la Guardia Urbana de Barcelona, a la administración del propio supermercado y al diario "Avui" de la inminente explosión de una bomba en los almacenes Hipercor.

Aunque la Policía quedó alertada, el servicio de seguridad del establecimiento no consideró conveniente la evacuación de las personas que en ese momento allí se encontraban y decidió tan sólo la busca del artefacto. Desgraciadamente, los trabajos de localización de la bomba resultaron infructuosos.
A las cuatro y diez actuó el temporizador y se produjo el estallido en la primera planta del garaje. La explosión abrió un cráter en el suelo y un agujero en el techo, orificios que permitieron el paso de una auténtica bola de fuego. Esta bola abrasó a las personas que encontró a su paso y produjo una gran cantidad de gases tóxicos que ocasionaron la asfixia de la gente que se hallaba en su radio de acción.
El saldo del atentado fue estremecedor: murieron 21 personas, 45 resultaron heridas, muchas de ellas de consideración, y el sepermercado y otros edificios próximos quedaron dañados en su estructura.

Gracias a los trabajos de la Policía y los Bomberos, el incendio pudo controlarse inmediatamente. De no haber sido así, el atentado pudo provocar una catástrofe de "todavía más pavorosas proporciones" si hubiera alcanzado la planta textil, y haberse ocasionado "centenares de víctimas", afirmó la Audiencia Nacional en la sentencia de los miembros del comando Barcelona.

1.588 años de condena y 1.000 millones de indemnización
Domingo Troitiño y Josefa Ernaga fueron detenidos el 9 de septiembre de ese trágico año de acciones terroristas, que se saldó con 52 personas muertas y cuantioso número de heridos. El 23 de octubre de 1989, los dos fueron condenados a 794 años de prisión y a indemnizar con más de 1.000 millones de pesetas a los herederos de las personas que fallecieron y a las que resultaron heridas, así como por los daños materiales que produjeron.
La sentencia de la Audiencia Nacional exponía que los terroristas actuaron con clara premeditación, puesto que "admitieron plenamente el resultado, para el cual durante largo tiempo habían meditado y sopesado todos los factores".
De esos 1.000 millones de pesetas, casi 320 millones están condenados a pagarlos a los almacenes y a 114 personas a las que produjeron daños materiales como consecuencia de la explosión del coche bomba.

Además, la sentencia del tribunal les obligó a pagar un total de 525 millones de pesetas, por vía de responsabilidad civil, a los herederos de cada una de las 21 personas muertas en el atentado. El tribunal dictó igualmente que ambos indemnizarían con 200.650.000 pesetas a las otras 45 personas que resultaron heridas.

Los terroristas condenados, intentando justificar su indiscriminado acto, dijeron en el juicio que con esta acción terrorista pretendían tan sólo incendiar los almacenes, pero no causar muertes, aunque tenían conocimiento de que, tanto en el interior como en la parte superior de Hipercor, donde hay viviendas edificadas, había gente.

Posteriormente, el 25 de julio de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 790 años y medio de cárcel a Santiago Arrospide, "Santi Potros", y a Caride Simón por ordenar y ejecutar, respectivamente, el atentado.
La masacre, repudiada y criticada duramente por la sociedad española, incluso llegó a sensibilizar a la cúpula etarra que, para explicarse ante sus seguidores, no tuvo más remedio que calificar el atentado de "grave error".

Atenazados por el recuerdo de la tragedia
Los heridos y los familiares de las 21 personas que perdieron la vida en el atentado siguen, sin embargo, atenazados por el recuerdo de la tragedia. Los 14 supervivientes heridos de mayor gravedad se recuperan lentamente de las lesiones sufridas, presas de la angustia y la ansiedad.
Una situación traumática que también padecen los familiares de las víctimas mortales, entre ellos de una forma especial Alvaro Cabrerizo, que perdió en la matanza a su esposa y a sus dos únicas hijas y que todavía se pregunta el porqué de los hechos y, aún optimista, explica que "han barrido a mi mujer y a mis hijas", pero "lo volveré a intentar".

Jordi Comas, con quemaduras en el 78 por ciento de su cuerpo, Agustina Cabanillas, en el 63, y Concepción Aguilar, en el 60, fueron los que más tiempo permanecieron hospitalizados en la Unidad de Grnades Quemados de la Residencia Valle Hebrón.

Aunque casi todos los heridos declinan rememorar aquel día, la mayoría de ellos tienen pesadillas, en las que reviven como les alcanzó la bola de fuego, y toman tranquilizantes para dormir. Su estado físico es satisfactorio en general y, excepcionalmente, varios de ellos están a la espera de ser operados de nuevo para eliminarles algunas cicatrices. Entre tanto llega ese día, apenas salen a la calle y casi todos se visten con pantalones y mangas largas para ocultar sus heridas.
Muchas de las víctimas se han ido reincorporando a sus puestos de trabajo y todas, a excepción de uno, han vuelto a entrar en Hipercor, pese a que en un principio sentían claustrofobia y huían de los espacios cerrados. Como prueba de valentía y fuerza, Roberto Manrique, que trabajaba en la carnicería del centro atacado, intentó recuperar su puesto, aunque tuvo que dejarlo debido a las heridas que sufrió en las manos.

No obstante, las víctimas han puesto todo su empeño en recibir unas indemnizaciones suficientes que palien de algún modo las graves secuelas físicas y psicológicas del atentado. Hay que recordar que, a pesar de que los etarras fueron condenados a pagar una cuantiosa indemnización, fueron igualmente declarados insolventes en el juicio.

Once años después de la matanza, en mayo de 1998, el Tribunal Supremo condenó al Estado, como responsable civil subsidiario, a pagar 106 millones de pesetas a doce de los afectados. El fallo condenaba al Estado a hacerse cargo del 50% de las indemnizaciones correspondientes a los terroristas.
Esta sentencia contrastaba con el abandono denunciado por las víctimas, que criticaron que el Estado recurriera las indemnizaciones reclamadas por otras veinte víctimas, al estimar que fueron presentadas fuera de plazo, y que a dos se les negase la condición de víctima.

Cuando se cumple el vigésimo aniversario del atentado, la ACVOT (Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas) critica el abandono y la falta de apoyo recibido de la Administración y denuncia que treinta víctimas todavía no hayan cobrado las indemnizaciones correspondientes.

Los más de 800 muertos que la organización terrorista suma en su balance particular desde que comenzó su actividad en 1968 no han servido aún para abandonar las armas. Y es que la paz "dificilmente puede conseguirse con coches bomba, pegando tiros y pistolas", como dijo en el Congreso de los Diputados el lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza.


Coincidiendo con una fecha tan siniestra, hoy ETA vuelve a matar. Una bomba se ha cobrado la vida del Inspector Eduardo Puelles uno de los funcionarios más activos en la lucha contra el terrrismo en el pais vasco.

martes, 16 de junio de 2009

Jornadas criminológicas y cursos para policías en Galicia

A pesar de que, como informó EL ARCHIVO DEL CRIMEN, el Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago de Compostela suspendió el curso "Testigos que nunca mienten", (http://manuelcarballal.blogspot.com/2009/06/suspendido-el-curso-testigos-que-nunca.html), el VI Congreso Nacional de Criminología si se celebrará durante los dias 18, 19 y 20 de junio del 2009 en Santiago de Compostela. Este congreso viene siendo organizado anualmente, desde el año 2004, por la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) en conjunto con la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España.


La Edición VI del Congreso está siendo desarrollada en el marco de esta inigualable ciudad histórica con gran interés por ofrecer, a todos sus asistentes, un punto de encuentro entre investigadores, profesionales y estudiantes donde poder compartir conocimientos, hallazgos y experiencias que refuercen el valor de la predicción, la valoración del riesgo y la prevención dentro de la ciencia criminológica. Por ello, la edición de este año se ha denominado “Criminalidad y riesgo: predicción y prevención” y contempla las siguientes áreas temáticas.



CALENDARIO

Jueves 18

09:00 Recepción asistentes y reparto documentación

09:30 Acto inauguración

10:00-12:00 Conferencia plenaria.
Psicopatía y predicción del riesgo de reincidencia
Robert Hare. University of British Columbia (Vancouver - Canadá)

12:00-14:00 Mesas redondas 1-2.
Psicopatía y predicción de la delincuencia
Rafael Torrubia Beltri. Universidad Autónoma de Barcelona
Violencia y sociedad
Mª José Báguena Cervellera. Universidad de Valencia

16:00-18:00 Mesas redondas 3-4
Violencia Juvenil
Antonio Andrés Pueyo. Universidad de Barcelona
Deriva punitiva desde la legislación española
José Manuel Lorenzo Salgado. Universidad de Santiago de Compostela

18:00-18:30 Café

18:30-20:30 Mesas redondas 5-6
Prevención de la delincuencia y de la conducta antisocial
Estrella Romero Triñanes. Universidad de Santiago de Compostela
La investigación criminal
Jaume Masip Palleja. Universidad de Salamanca

Visita Guiada al Patrimonio Artístico de la Universidad de Santiago de Compostela

Viernes 19

09:30-11:30 Conferencia plenaria
La gestión terapéutica del riesgo de reincidencia.
Santiago Redondo Illescas. Universidad de Barcelona

11:30-12:00 Café

12:00-14:00 Mesas redondas 7-8
Formación del criminólogo: presente y futuro.
Fernando Vázquez Portomeñe. Director del Instituto de Criminología, USC
Tratamiento penitenciario y alternativas a la prisión
Vicente Garrido Genovés. Universidad de Valencia

16:00-18:00 Conferencia plenaria
Delincuencia de tráfico y criminología.
Bartolomé Vargas Cabrera. Fiscal de sala del Tribunal Supremo. Coordinador de Seguridad Vial

18:00-18:30 Café

18:30-20:30 Sesión pósters. Mesas redondas 9-10
Seguridad Nacional y Crimen
Daniel Sansó-Rubert Pascual. Seminario de Estudios de Seguridad y Defensa (USC-CESEDEN)
Nuevos ámbitos de actuación: los delitos contra la seguridad vial
Xosé Antón Gómez Fraguela. Universidade de Santiago de Compostela

Reunión SEIC y reunión FACE
Cena del Congreso (Hostal dos Reis Católicos)


Sábado 20

09:30-11:30 Conferencia plenaria
Evolución de la delincuencia, la seguridad y los derechos humanos en España
Domingo Comas Arnau. Presidente de la Fundación ATENEA - Grupo GID

11:30-12:00 Café

12:00-14:00 Mesas redondas 11-12
Victimología
Carmen Herrero Alonso. Universidad de Salamanca
Aplicaciones profesionales de la criminología.
Francisco Bernabeu. FACE

16:00-18:00 Mesas redondas 13-14
Sistema penal e inmigración.
Cristina Rechea Alberola. Universidad de Castilla-La Mancha
Violencia doméstica(pendiente confirmación)

18:00-18:30 Acto de cierre

La acreditación y la entrega de documentación se realizará en la Facultad de Psicología las tardes del miércoles 17 y del jueves 18 de junio.

ORGANIZACIÓN:
Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC)
Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE)
Unidad de investigación en Prevención y Tratamiento de problemas de Conducta (UDIPRE, Universidad de Santiago de Compostela; USC)

ENTIDAD COORDINADORA:
Instituto de Criminología (Universidad de Santiago de Compostela; USC)

Dirección:
Gonzalo Escobar. Presidente de la SEIC. Universidad de Girona
Antonio García Chazarra. Presidente de la FACE
Mª Ángeles Luengo. Coordinadora de UDIPRE, Universidad de Santiago de Compostela

Coordinador:
Xosé Antón Gómez Fraguela, Universidad de Santiago de Compostela

Secretaria:
Paula Villar Torres, Universidad de Santiago de Compostela

Secretaría técnica
Oficina de Congresos da USC
Parque Vista Alegre Rúa Salvadas s/n
Santiago de Compostela 15705
Tel.: 981554696
e-mail: xestioneventos@usc.es

Sede del Congreso
Facultad de Psicología, USC

MAS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO:


Por otro lado, y tras el interés suscitado entre los alumnos de la Academia Galega de Seguridad, hacia las últimas conferencias impartidas sobre sectas, crimen ritual, y las creencias religiosas como factor criminógeno, impartidas el pasado mes por Manuel Carballal, responsable de EL ARCHIVO DEL CRIMEN, y otros especialistas, alumnos de la Academia Galega de Seguridad, así como de otras escuelas de policía, han insistido en mantener este ciclo de conferencias entre las actividades de las academias, debido al aumento de la inmigración subsahariana, asiática y americana, detectada, como en otros ámbitos sociales, en el ambiente delincuencial. Delincuentes que manifiestan, frecuentemente, unas creencias y comportamientos, definitivos a la hora de evaluar sus modus operandi, y los condicionamientos de la conducta delictiva de elementos de otras tradiciones religiosas en España: terrorismo, crimen organizado, sicariato, etc.

sábado, 13 de junio de 2009

Medicina Forense y Escena del Crimen en Valencia

Como cada año, la Doctora Ana Castello, de la Universidad de Valencia, nos comunica la proxima celebración de nuevos cursos, que podrían ser de interés para los lectores habituales de EL ARCHIVO DEL CRIMEN.

Este año podremos disfrutar de las
séptima edición del Master en Medicina Forense y la tercera edición del Diploma Universitario sobre Investigación en la Escena del Crimen, que comenzarán el próximo octubre.

Podeis encontrar más información sobre estos cursos en:

http://www.uv.es/~fevepa/mmf7.html

http://www.adeit.uv.es/postgrado-2009/fichabase.php?tipo=d27&codigo=9721070&l=2


http://www.uv.es/acastell/escena_crimen.html

http://www.adeit.uv.es/postgrado-2009/fichabase.php?tipo=d27&codigo=9723030

martes, 9 de junio de 2009

Suspendido el curso: Testigos que nunca mienten...

La secretaria de la Universidad de Santiago de Compostela acaba de comunicarnos oficialmente que el curso que anunciabamos el mes pasado: http://manuelcarballal.blogspot.com/2009/05/testigos-que-nunca-mienten-metodos-y.html , ha sido suspendido.

Lamentamos dar esta noticia, ya que muchos funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, estudiantes de derecho, criminologia, medicina, etc, nos habían expuesto su interés por volver a reunirnos en este nuevo evento.

domingo, 7 de junio de 2009

Condenados por el asesinato ritual de niños albinos


La justicia tanzana juzga a partir de este lunes a 12 personas acusadas de asesinar a albinos y vender partes de sus cuerpos para utilizarlas en rituales de brujería por considerar que son mágicos y traen buena suerte. En este país 40 albinos han sido asesinados en los últimos 18 meses.


Los albinos de Burundi sobreviven en la llamada 'Mansión de los albinos', en la frontera con Tanzania, habilitado por las autoridades regionales. Allí están lejos de los crímenes rituales a los que son sometidos.El drama que vive esta población es que existen personas que venden las partes del cuerpo de los albinos a brujos locales para utilizarlos en la creación de pociones con las que prometen salud a la población.

Pese a que el Gobierno de Burundi se ha concienciado de la situación y ha tomado medidas para acabar con la práctica de los 'médicos brujos', aprobando una ley que condena con pena de muerte a los autores de esos asesinatos, la realidad es que los albinos tienen miedo y temen por su vida.Precisamente en Tanzaniase convocó un 'referendo secreto' por el que los ciudadanos escribían en una papeleta el nombre de los presuntos culpables de los asesinatos con el fin de acabar con esta lacra


'Muti', así se llama la poción que preparan los brujos locales con la sangre de los albinos con la esperanza de atraer grandes sumas de dinero.Por eso, muchos de los cadáveres encontrados tenían agujeros en la garganta, de donde se supone que los asesinos bebieron la sangre de las víctimas.

Burundi es un pequeño país al este de África que todavía intenta salir de la guerra civil que padeció hace 13 años, en la que murieron más de 300.000 personas. La lucha étnica sufrida (entre los hutus y los tutsi) ha obligado a la gente a huir de allí.

El albinismo es una ausencia total de pigmentación en la piel, el pelo y el iris de los ojos, debido a una alteración genética.En Europa y América nace un albino por cada 20.000 personas pero en Africa la proporción se multiplica: un albino por cada 4.000.



Wanadoo