viernes, 19 de junio de 2009

ETA EZ: Hoy se cumplen 22 años de la masacre de Hipercor y ETA vuelve a matar

Hoy, 19 de junio, se cumple el 22º aniversario del atroz atentado de ETA en el supermercado Hipercor de Barcelona. En la acción terrorista, la más sangrienta de las llevadas a cabo por la organización, perecieron 21 personas y 45 resultaron heridas de diversa gravedad. La mayoría de las víctimas recuerdan aquel día como el más trágico de su vida y, si bien casi todas se han reincorporado con normalidad a sus respectivas labores, algunas dedican gran parte de sus esfuerzos a conseguir una indemnización digna.

A sangre fría
Los miembros del comando "Barcelona", Josefa Ernaga, Domingo Toritiño y Rafael Caride Simón, que fue quien propuso el atentado, decidieron estallar una potente bomba incendiaria dentro de los almacenes Hipercor, siguiendo órdenes del entonces jefe de la banda terrorista Santiago Arrospide Sarasola, "Santi Potros".

Los tres premeditaron a sangre fría la acción. Visitaron previamente los almacenes y eligieron el lugar en que el automóvil iba a ser aparcado, así como la hora de la explosión. En un piso situado en la barcelonesa calle de Casteldefels prepararon una bomba con unos 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina y una cantidad indeterminada de pegamento adhesivo y escamas de jabón hasta un total de 200 kilos, que luego serían introducidos en bidones de plástico dentro de portaequipajes del vehículo robado, un "Ford Sierra". El artefacto se completó con un dispositivo de retardo con temporizador.
El día escogido para la matanza fue el 19 de junio de 1987. Tras colocar el coche bomba en el aparcamiento del supermercado, Troitiño hizo tres llamadas desde una cabina telefónica, en la que daba aviso a la Guardia Urbana de Barcelona, a la administración del propio supermercado y al diario "Avui" de la inminente explosión de una bomba en los almacenes Hipercor.

Aunque la Policía quedó alertada, el servicio de seguridad del establecimiento no consideró conveniente la evacuación de las personas que en ese momento allí se encontraban y decidió tan sólo la busca del artefacto. Desgraciadamente, los trabajos de localización de la bomba resultaron infructuosos.
A las cuatro y diez actuó el temporizador y se produjo el estallido en la primera planta del garaje. La explosión abrió un cráter en el suelo y un agujero en el techo, orificios que permitieron el paso de una auténtica bola de fuego. Esta bola abrasó a las personas que encontró a su paso y produjo una gran cantidad de gases tóxicos que ocasionaron la asfixia de la gente que se hallaba en su radio de acción.
El saldo del atentado fue estremecedor: murieron 21 personas, 45 resultaron heridas, muchas de ellas de consideración, y el sepermercado y otros edificios próximos quedaron dañados en su estructura.

Gracias a los trabajos de la Policía y los Bomberos, el incendio pudo controlarse inmediatamente. De no haber sido así, el atentado pudo provocar una catástrofe de "todavía más pavorosas proporciones" si hubiera alcanzado la planta textil, y haberse ocasionado "centenares de víctimas", afirmó la Audiencia Nacional en la sentencia de los miembros del comando Barcelona.

1.588 años de condena y 1.000 millones de indemnización
Domingo Troitiño y Josefa Ernaga fueron detenidos el 9 de septiembre de ese trágico año de acciones terroristas, que se saldó con 52 personas muertas y cuantioso número de heridos. El 23 de octubre de 1989, los dos fueron condenados a 794 años de prisión y a indemnizar con más de 1.000 millones de pesetas a los herederos de las personas que fallecieron y a las que resultaron heridas, así como por los daños materiales que produjeron.
La sentencia de la Audiencia Nacional exponía que los terroristas actuaron con clara premeditación, puesto que "admitieron plenamente el resultado, para el cual durante largo tiempo habían meditado y sopesado todos los factores".
De esos 1.000 millones de pesetas, casi 320 millones están condenados a pagarlos a los almacenes y a 114 personas a las que produjeron daños materiales como consecuencia de la explosión del coche bomba.

Además, la sentencia del tribunal les obligó a pagar un total de 525 millones de pesetas, por vía de responsabilidad civil, a los herederos de cada una de las 21 personas muertas en el atentado. El tribunal dictó igualmente que ambos indemnizarían con 200.650.000 pesetas a las otras 45 personas que resultaron heridas.

Los terroristas condenados, intentando justificar su indiscriminado acto, dijeron en el juicio que con esta acción terrorista pretendían tan sólo incendiar los almacenes, pero no causar muertes, aunque tenían conocimiento de que, tanto en el interior como en la parte superior de Hipercor, donde hay viviendas edificadas, había gente.

Posteriormente, el 25 de julio de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 790 años y medio de cárcel a Santiago Arrospide, "Santi Potros", y a Caride Simón por ordenar y ejecutar, respectivamente, el atentado.
La masacre, repudiada y criticada duramente por la sociedad española, incluso llegó a sensibilizar a la cúpula etarra que, para explicarse ante sus seguidores, no tuvo más remedio que calificar el atentado de "grave error".

Atenazados por el recuerdo de la tragedia
Los heridos y los familiares de las 21 personas que perdieron la vida en el atentado siguen, sin embargo, atenazados por el recuerdo de la tragedia. Los 14 supervivientes heridos de mayor gravedad se recuperan lentamente de las lesiones sufridas, presas de la angustia y la ansiedad.
Una situación traumática que también padecen los familiares de las víctimas mortales, entre ellos de una forma especial Alvaro Cabrerizo, que perdió en la matanza a su esposa y a sus dos únicas hijas y que todavía se pregunta el porqué de los hechos y, aún optimista, explica que "han barrido a mi mujer y a mis hijas", pero "lo volveré a intentar".

Jordi Comas, con quemaduras en el 78 por ciento de su cuerpo, Agustina Cabanillas, en el 63, y Concepción Aguilar, en el 60, fueron los que más tiempo permanecieron hospitalizados en la Unidad de Grnades Quemados de la Residencia Valle Hebrón.

Aunque casi todos los heridos declinan rememorar aquel día, la mayoría de ellos tienen pesadillas, en las que reviven como les alcanzó la bola de fuego, y toman tranquilizantes para dormir. Su estado físico es satisfactorio en general y, excepcionalmente, varios de ellos están a la espera de ser operados de nuevo para eliminarles algunas cicatrices. Entre tanto llega ese día, apenas salen a la calle y casi todos se visten con pantalones y mangas largas para ocultar sus heridas.
Muchas de las víctimas se han ido reincorporando a sus puestos de trabajo y todas, a excepción de uno, han vuelto a entrar en Hipercor, pese a que en un principio sentían claustrofobia y huían de los espacios cerrados. Como prueba de valentía y fuerza, Roberto Manrique, que trabajaba en la carnicería del centro atacado, intentó recuperar su puesto, aunque tuvo que dejarlo debido a las heridas que sufrió en las manos.

No obstante, las víctimas han puesto todo su empeño en recibir unas indemnizaciones suficientes que palien de algún modo las graves secuelas físicas y psicológicas del atentado. Hay que recordar que, a pesar de que los etarras fueron condenados a pagar una cuantiosa indemnización, fueron igualmente declarados insolventes en el juicio.

Once años después de la matanza, en mayo de 1998, el Tribunal Supremo condenó al Estado, como responsable civil subsidiario, a pagar 106 millones de pesetas a doce de los afectados. El fallo condenaba al Estado a hacerse cargo del 50% de las indemnizaciones correspondientes a los terroristas.
Esta sentencia contrastaba con el abandono denunciado por las víctimas, que criticaron que el Estado recurriera las indemnizaciones reclamadas por otras veinte víctimas, al estimar que fueron presentadas fuera de plazo, y que a dos se les negase la condición de víctima.

Cuando se cumple el vigésimo aniversario del atentado, la ACVOT (Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas) critica el abandono y la falta de apoyo recibido de la Administración y denuncia que treinta víctimas todavía no hayan cobrado las indemnizaciones correspondientes.

Los más de 800 muertos que la organización terrorista suma en su balance particular desde que comenzó su actividad en 1968 no han servido aún para abandonar las armas. Y es que la paz "dificilmente puede conseguirse con coches bomba, pegando tiros y pistolas", como dijo en el Congreso de los Diputados el lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza.


Coincidiendo con una fecha tan siniestra, hoy ETA vuelve a matar. Una bomba se ha cobrado la vida del Inspector Eduardo Puelles uno de los funcionarios más activos en la lucha contra el terrrismo en el pais vasco.