
SÍDNEY. Los asesinatos de personas que aparentemente practican
la brujería, sobre todo mujeres, se han disparado en Papúa Nueva Guinea, un
país con una población propensa a la superstición y a tomarse la justicia por
su mano.
Amnistía Internacional (AI) estima que cada año se producen al menos 150 casos de linchamiento y ajusticiamiento de personas relacionadas con la hechicería a manos de la gente, aunque el número es probable que sea mucho más elevado dado que la mayoría de las muertes ocurren en áreas aisladas y la mayoría no son denunciadas.
“Las mujeres son acusadas seis veces más que los hombres de estos delitos de brujería”, dijo Kate Scheutze, la investigadora de AI que examina la discriminación de la mujer en la sociedad papuana.

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“Si un hombre acusa a una mujer de brujería, puede hacerle lo que quiera a
ella y nadie lo denunciará. Las acusaciones de brujería sirven para persuadir a
las mujeres de reclamar sus derechos en la sociedad”, acotó Sheutze.
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Naciones Unidas ha pedido formalmente al Gobierno papuano que derogue la
legislación en materia de brujería y proteja a aquellas personas sobre las que
recaen sospechas, tanto infundadas como fundadas, de tener relación con la
magia negra.
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“La ONU está profundamente preocupada por el aumento de las denuncias de
violencia, tortura y asesinato de personas acusadas de practicar la brujería en
todo el país”, indicó el organismo.
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Estas muertes fueron presenciadas por agentes de la Policía, que, tras el
suceso, emitió una nota para que explicar que no disponía de los efectivos
necesarios para controlar a una ofuscada turba, provista de hachas y machetes.
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En otro caso, seis mujeres y un varón fueron desnudados, tumbados sobre
hierros al rojo vivo y después quemados en la hoguera durante un ritual contra
la magia negra celebrado en marzo en un pueblo de las montañas de la región
central del país.
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“He tratado de introducir conceptos modernos y científicos como el simple
hecho de preguntar al médico las causas de la muerte” del ser querido, señaló
Gibbs. En ese país, donde no se emiten certificados de defunción, los
“médicos brujos” perciben considerables sumas de dinero por acusar a aquellos
que practican magia negra, relató el clérigo.
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Para AI el aumento de estos ajusticiamientos es “un problema complicado que
requiere de una respuesta coordinada por el Gobierno, el sistema judicial, la
educación y la mejora de la sanidad en las áreas rurales”.
EFE
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