Lieja, Bélgica, diciembre de 2011. Un hombre asesina a punta
de pistola a tres personas en la plaza principal de la ciudad, en pleno
mercadillo navideño. Istres, Francia, abril de 2013. Otro atacante mata a tiros
a tres transeúntes con un kalashnikov. Isla de Utoya, Noruega, julio de 2011.
El famoso terrorista Anders Behring Breivik comete la masacre más grave vivida
en la historia del país: 76 muertos con solo una pistola y un rifle.
Las armas pequeñas, que es como se denominan pistolas y ametralladoras,
causan la muerte de 1.000 personas cada año dentro de las fronteras de la Unión
Europea, según la Comisión. Cecilia Malmström, comisaria de Interior, ha
lamentado el “preocupante silencio” sobre el uso y tráfico ilegal de armamento
ligero en territorio comunitario. Según la política sueca, mientras el debate
en Estados Unidos es bastante visible, los europeos “deberían centrarse en el
frente interno”.
Bruselas quiere aprovechar la ocasión para endurecer las normas
comunitarias, a pesar de que la UE tiene las leyes más exigentes en cuanto a
armas ligeras: “Ni el Estado más restrictivo de EE UU se acerca al más
permisivo de la UE”, señala Marcus Wilson, miembro de la Organización para la
Reducción de la Violencia Armada (ARV en inglés).
Para asegurar que pistolas y rifles no terminan en manos de criminales “hay
mucho trabajo que hacer en Europa”, porque las divergencias entre las
legislaciones de los Estados miembros crean lagunas que el crimen organizado y
el terrorismo aprovechan para obtener armas y munición, opina Bruselas. La
industria y las asociaciones de cazadores dudan de las cifras y se oponen a una
ley más severa que pueda perjudicar sus actividades.
Cada vez que se
abre el melón legislativo para restringir el acceso a las armas pequeñas de
forma legal, la UE se encuentra con la oposición de la
industria y los amantes de la caza o los deportes de tiro. Hace aproximadamente
un año, la comisaria Malmström afirmó que “las armas legales en la UE alimentan
el mercado ilegal”. La Federación de Asociaciones de Caza y Conservación (FACE
en inglés) no está de acuerdo con esa afirmación y lamenta que Bruselas quiera
legislar “bajo el falso pretexto de que existe un nexo entre ellas”.
En la UE hay medio millón de armas de fuego robadas o perdidas, y la
mayoría procede de uso civil, según el Sistema de Información de Schengen. El
portavoz de la FACE, Manuel Esparrago, tiene “muy serias dudas” acerca de esta
cifra, porque “se ha elaborado a través de datos de ONG y no consultando la
información oficial de la que disponen los Estados”. Cuando han solicitado más
precisión sobre los números, toda la respuesta que han recibido ha sido una
“vaga referencia oral”. La FACE, que representa al mayor grupo de propietarios
de armas legales de la UE —siete millones de cazadores—, se queja de que a
pesar de haber pedido su inclusión en el grupo de expertos al que la Comisión
consultará para elaborar una nueva propuesta de legislación, ha sido rechazada.
Los cazadores, como indica Esparrago, se muestran “profundamente
decepcionados y preocupados” por lo que consideran leyes al servicio de
“objetivos políticos”. Entre las posibles novedades, podría dificultarse el
acceso a determinadas armas y otras, como las semiautomáticas, incluso se
prohibirían, lo que afectaría a los cazadores españoles. La Asociación Armera
(AA) española lamenta esta decisión, porque el 70% de las armas que utilizan
los cazadores españoles son semiautomáticas. Su gerente, Marta Gómez, denuncia
que el endurecimiento de las leyes, vaya “siempre” dirigido a empresas y
usuarios que actúan de acuerdo a la legalidad. Entre otras cosas, porque se
trata de un mercado ya en declive —por razones culturales, el número de cazadores
va descendiendo con las nuevas generaciones— y más restricciones podrían tener
consecuencias negativas sobre el empleo de una industria que da de comer a algo
más de 2.000 trabajadores en España. “Los cazadores ya están saturados de
restricciones y si hubiera más, muchos se retirarían”, alerta la gerente.
Todas las sugerencias de Bruselas van encaminadas a armonizar las leyes
nacionales. Uno de los planteamientos es que los países europeos se pongan de
acuerdo en cómo marcar el armamento hecho a mano con números de serie, de forma
que faciliten a las fuerzas de seguridad la identificación de armas usadas por
criminales. Para mejorar la identificación, Jacob Parakilas, de la ONG Acción
sobre la Violencia Armada (AOAV, en sus siglas en inglés), sugiere estampar
números de serie microscópicos en diferentes componentes o incluso “que el arma
imprima ese número en cada casquillo cada vez que dispara”.
También cabe la posibilidad de que Bruselas obligue a instalar sensores
biométricos en todas las armas para asegurar que las utilizan exclusivamente
sus propietarios. Estos sensores permiten identificar al dueño de un arma
empleando sus características biológicas, como el pulso o la huella dactilar.
“Es de ciencia ficción”, lamenta el portavoz de FACE. Gómez advierte de que los
sensores no evitarían el tráfico ilegal, porque “seguramente” quienes se
dedican a ello sabrían desactivarlos.
En realidad, ni
la más estricta de las regulaciones consigue frenar la violencia armada. La
clave está en el comercio, señalan diversas ONG. Amnistía Internacional, Oxfam
o Greenpeace llevaban años luchando para que Naciones Unidas aprobara un
Tratado de Comercio de Armas (TCA) global, que finalmente consiguieron en abril
de este año. De momento lo han firmado 108 países, incluido EE UU, pero solo
ocho lo han ratificado. “El comercio de plátanos está más regulado que el del
armamento ligero, el mercado más mortífero del planeta”, explica Francisco
Yermo, experto en control de armas de Oxfam.
Hasta
ahora, la única manera de impedir que pistolas o rifles fabricados en el primer
mundo llegaran a países en conflicto, era la lista de Estados embargados, a los
que la UE prohíbe vender armamento. Pero en algunas ocasiones no ha sido muy
efectivo; los países europeos exportaron armas a la Libia de Gadafi hasta que
se decretó el embargo, en febrero de 2011. Estas han llegado después a otros
países en conflicto como Malí o Congo, según Yermo. “El 95% de las armas que se
utilizan en África vienen de fuera del continente”, relata.
A
pesar de todo, hay lugar para la esperanza. Alberto Estévez, experto en el TCA
de Amnistía Internacional, celebra “el logro importantísimo” que supone el
acuerdo. Espera que el tratado entre en vigor en dos años, cuando lo hayan
ratificado al menos 50 Estados. A partir de ese momento, estará prohibido
transferir armas a países que puedan utilizarlas para cometer genocidio,
crímenes de lesa humanidad o de guerra. Es más, los Estados estarán obligados a
ser transparentes y dar a conocer a los ciudadanos de todo el mundo el destino
de cada una de las armas que salgan de su país. “Con todo el poder disuasorio
que ello conlleva”, comenta Yermo. Bruselas quiere avanzar también en la
desactivación de armamento. Algunas armas pueden reactivarse y, según la
Comisión, una norma europea más estricta podría asegurar que los revólveres o
ametralladoras que se inutilicen queden definitivamente inoperables. Reactivar
un revólver no es fácil. Un ciudadano medio no podría realizarlo sin estar
seguro de que el arma “no le va a volar la mano”, dice Parakilas. Sería más
fácil vigilar a las empresas que realizan este servicio que estar detrás de
cada posible usuario de este tipo de armas, opinan desde AOAV.
Los países con
las condenas más altas por tenencia ilícita de armas tienden a tener una tasa
de crímenes más baja, incide Amnistía Internacional. La vía más común para
asegurar que la disuasión funciona son las sanciones. Pero el tema en el que
existen más divergencias es la regulación para la posesión de armas, incluyendo
el sistema de licencias. En la República Checa o Eslovenia, los aspirantes
tienen que aprobar un examen sobre conocimiento de armas, mientras que en
España basta con un test psicofísico. Países como Polonia someten a los
propietarios a una evaluación psicológica cada cinco años.
Los
que más se resisten a dar poder a Bruselas en esta materia son los países del
Este. El 55% de los ciudadanos de Europa oriental cree que las autoridades
nacionales están mejor posicionadas para regular las armas de fuego, según el
Eurobarómetro de septiembre de 2013. Es un fuerte contraste respecto a la
antigua Europa de los Quince, donde el 63% de los habitantes prefiere que haya
normas comunes para reducir la violencia armada en la UE.
En
diciembre de 2012, Adam Lanza (20 años) intentó adquirir sin éxito un rifle en
una tienda de Connecticut (EE UU). Dos días después, utilizando la licencia de
su hermano, entró en la escuela Sandy Hook de Newtown y asesinó a 27 personas.
Lo que diferenció a esta matanza de otras que ocurren en EE UU es que 20 de las
víctimas eran niños. Desde entonces, Barack Obama ha iniciado una campaña para
que el Senado y la Cámara de Representantes aprueben una legislación con la que
ejercer mayor control sobre el acceso a las armas. Pero no lo tendrá fácil.
Laura Cutilletta, portavoz del Centro de Derecho para Prevenir la Violencia con
Armas de San Francisco, cree que la presión que los lobbies armamentísticos
ejercen sobre senadores y diputados “obstaculizan los posibles logros que
pudiera tener la Administración de Obama”.
Pero
la dificultad para controlar las armas tiene raíces más profundas. “La cultura
de las armas en EE UU está muy conectada con los mitos fundacionales del país,
con la historia de aquellos primeros colonos que huyeron de la persecución en
Europa y conquistaron su propio territorio”, afirma Carme Colomina,
investigadora del Centro de Información y Documentación Internacionales en
Barcelona (CIDOB). Además, hay otro rasgo propio de la sociedad norteamericana:
“La desconfianza en el Estado que debe proteger al ciudadano”, asegura
Colomina. EE UU ocupa el primer puesto
en el ránking mundial de armas por país y solo en 2011 murieron más de 32.000
personas a punta de pistola.
Legislar antes de que llegue el
tráfico en 3D
Todos los
inventos que revolucionan nuestras vidas tienen cara y cruz. Es lo que ocurre
con las impresoras 3D. La cara es que, según los expertos, tarde o temprano se
podrá fabricar cualquier producto con una 3D, bastará con tener un plano del
objeto. La cruz es más sombría: el objeto podrá ser una pistola, o al menos,
una parte de ella.
Bruselas,
decidida a entrar en el territorio de los desafíos tecnológicos, quiere incluir
las impresoras 3D en la nueva legislación sobre armas. Marcus Wilson, de la
Organización para la Reducción de la Violencia Armada (ARV) cree que todavía no
es una realidad, pero “la ciencia avanza muy rápido y los Gobiernos deben tener
presente una posible regulación cuando llegue el caso”.
Hasta el
momento, la producción de armas con este procedimiento es residual y de calidad
deficiente. Nada que ver con la efectividad de las armas manufacturadas. “El
plástico que emplean estas máquinas es por lo general de muy mala calidad y las
armas que se han fabricado con ellas han podido disparar pocas veces antes de
romperse”, aclara Jacob Parakilas, miembro de Acción sobre la Violencia Armada
(AOAV).
An Vranckx,
portavoz de la ONG Saferworld, no ve el nexo entre impresoras 3D y el posible
tráfico ilegal de armas. Lo que podría pasar es que se utilizaran para imprimir
repuestos, pero, al ser aún de dudosa calidad, coincide con Parakilas en que
“en el mejor de los casos servirían para disparar solo una bala” y después el
arma se partiría. Esta activista participará en la comisión de expertos que la
Comisión ha convocado para proponer una nueva directiva sobre control de armas.
Dada la sofisticación del invento, cree que los revólveres no se imprimirían
“seguramente en Sudán del Sur”, sino en la UE, “donde existen leyes para
regular la propiedad”. En el caso de que pudiera llegar a fabricarse un arma
montada con una impresora 3D, Vranckx confía en que no sería una solución
viable, porque seguiría siendo más “barato y eficiente” comprar una pistola
convencional.
En mayo de este
año, una asociación estadounidense a favor de la abolición de cualquier control
sobre las armas, Defense Distributed, dijo haber fabricado una pistola con una
impresora 3D, según la BBC. Solo el percutor era de metal. El precio de estas
impresoras ronda los seis mil euros, mientras un revólver convencional en
España se puede adquirir —con licencia, eso sí— por entre 200 y 400 euros.
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