La partida para publicitar el problema que supone la violencia de género, hasta ahora dirigidas a víctimas, personas próximas e incluso a agresores, tendrán un 70% menos de presupuesto, según explicó Moreno en una rueda de prensa para explicar los presupuestos de 2012. El año pasado se gastaron cuatro millones de euros en ellas. Ahora se limitan los fondos a 1,2 millones. La prioridad ya no será la televisión, sino las redes sociales, una forma de llegar “a los jóvenes, que no ven la televisión”, según este responsable. Los adolescentes serán la diana. “Nos preocupan mucho”, aseguró Moreno. Explicó que la estrategia de comunicación se reorientará y que se harán campañas en radios, revistas, y asociaciones “que llegan a las mujeres”. Medios que definió como “muy efectivos y más económicos”.
“Las campañas de concienciación nunca fueron de bombo y platillo. No se hablaba de lo que hacía el Gobierno, sino de cómo actuar frente al maltrato. Los mensajes se dirigían a las víctimas, pero también a los agresores y al entorno”, explica Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno de Violencia de Género. “Tenían impacto y eran eficaces”, añade. “Tarjeta roja al maltrato”, “mamá, hazlo por nosotros, actúa”, o “cuando maltratas a una mujer dejas de ser un hombre” fueron algunos de los lemas de unas campañas “que también se dirigían a las redes sociales”, puntualiza Lorente. “Va a disminuir la concienciación sobre la violencia y eso se va a volver contra las víctimas”, pronostica. “Este es un problema que debe resolver la sociedad, pero hay que concienciar continuamente”, asegura.
También a Consuelo Abril, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, le preocupa que el presupuesto dedicado a este tipo de recursos esté esquilmado. “Suponen una pieza vital para la concienciación y la prevención del fenómeno”, dice.
Las campañas son, también, una obligación legal. La Ley contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en 2004, establece que “los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sensibilización con el fin de prevenir la violencia de género”.
Pero el proyecto de Presupuestos Generales no solo prevé un gran tijeretazo en estrategias de comunicación. El dinero para violencia de género del Ministerio de Sanidad se reduce en casi todas las partidas. El único concepto que incrementa su dotación es el de asistencia social a las maltratadas, que sube un 16% y se sitúa en unos cinco millones de euros. Hasta este año, esta partida se distribuía entre las autonomías. El ministerio no ha aclarado cómo se dividirá ahora, aunque sí ha explicado que se destinará a financiar organizaciones especializadas en ayudar a mujeres víctimas de violencia machista, sin aclarar qué requisitos deben cumplir y cómo acceder a los fondos. “Hemos tratado de trabajar en la parte más importante, la asistencia social a las mujeres”, afirmó Moreno, que aseguró la manera “más eficaz de atender a las víctimas” era actuar a través de esas organizaciones.
“Habrá que ver si el sistema de distribución de esas subvenciones es transparente, y no partidista”, indica Abril, que alerta de que los recortes previstos pueden tener consecuencias graves. “La violencia machista es una cuestión de derechos humanos, y no se puede recortar en derechos humanos”, añade.
“¿Cómo se puede rebajar el presupuesto en igualdad y en violencia de género y dar una amnistía general a los defraudadores de impuestos?”, plantea Ana María Pérez del Campo de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, veterana activista contra el maltrato. “Han entrado a saco. Los fondos ya estaban por debajo de las necesidades. Es un recorte ideológico que demuestra que el Gobierno no tiene intención de acabar con estos problemas”, añade. “¿Han reducido el presupuesto para las víctimas de ETA?”, se pregunta.
En políticas de igualdad, el Instituto de la Mujer, el organismo autónomo dedicado a alentarlas, sufre una rebaja de fondos del 9,3%. Se queda con 18,7 millones. “Hemos tenido que hacer ajustes severos”, dijo el secretario de Estado, que achacó el recorte a la necesidad de atajar el “desajuste” de unos 9 millones de euros que aseguró habían recibido como herencia del Gobierno anterior. La partida de igualdad del ministerio se reduce en un 18%, hasta los 24,9 millones.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/05/actualidad/1333638624_808957.html
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