El líder de la secta de Picassent escrituró a su nombre numerosas parcelas y propiedades inmobiliarias sin pagar tributos en 12 años
La hora de la verdad se acerca para el padre Ángel. El próximo martes, el líder de la secta de Picassent se sentará en el banquillo de los acusados en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Sobre el polémico vidente pesa un fraude fiscal de 386.000 euros. La Fiscalía pide una pena de ocho años de cárcel y un multa de 2,3 millones de euros para el procesado por dos delitos contra la Hacienda Pública.
Las andanzas del falso sacerdote bien podrían ser el argumento de una novela esotérica. En la década de los 80 hablaba en nombre de la Virgen del Remedio; en 1990 mandó construir un templo en Benaguasil sin los permisos correspondientes; el mismo año vaticinó una guerra civil más catastrófica que la del 36; y en 1996 fortificó un convento junto a la cárcel de Picassent.
Pero en sus correrías, Ángel Muñoz Bartrina eludió también el pago de impuestos entre los años 1992 y 2003, período en el que amasó una gran fortuna. Según la Fiscalía, el padre Ángel, como es conocido por sus adeptos, compró y escrituró a su nombre numerosas propiedades inmobiliarias sin pagar los tributos correspondientes ni presentar la declaración de renta.
Las investigaciones de la Guardia Civil de Valencia han desvelado que el líder de la secta de Picassent ocultó al erario público el dinero que recibía de sus adeptos para supuestas obras de misericordia. El ministerio público considera que Ángel Muñoz cometió los delitos «en calidad de presidente» de la Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús, una asociación constituida en 1992 en Benaguasil sin patrimonio fundacional y con un límite de sólo 12.000 euros en su presupuesto anual.
Tras valorar los informes de la Agencia Tributaria, la Fiscalía de Valencia fija el pago también de dos multas que suman la astronómica cifra de 2,3 millones de euros, así como una indemnización de 386.000 euros para Hacienda.
Las propiedades inmobiliarias adquiridas por el padre Ángel se encuentran en los términos municipales de Valencia, Gandia, Picassent y Benaguasil. El 20 de octubre de 2000, el vidente pagó en efectivo 408.688 euros (68 millones de las antiguas pesetas) para comprar seis parcelas de naranjos, almendros y algarrobos en Picassent. Dos de estos terrenos tienen más de 10.000 metros cuadrados.
Ese mismo año, según las investigaciones de la Guardia Civil, el líder de la secta de Picassent era titular de cinco cuentas bancarias a pesar de que no realizaba ninguna actividad profesional. El procesado ingresó varias cantidades por un importe total de 139.000 euros. El dinero procedía de las donaciones que realizaban los miembros y simpatizantes de la secta. Los adeptos eran convencidos de la condición de iluminado del padre Ángel «al ser transmisor de mensajes marianos y otros fenómenos religiosos», según el ministerio público.
Pero Ángel Muñoz ocultó al erario público toda la fortuna que amasó aquellos años. Por ello, la Fiscalía acusa ahora al vidente de dos delitos contra la Hacienda Pública, por cada uno de los cuales solicita cuatro años de cárcel.
Juicio suspendido en 2008
La titular del juzgado de lo penal número 4 de Valencia suspendió en mayo de 2008 el juicio contra el vidente. El juez instructor no dejó claro si el líder de la secta estaba acusado sólo de fraude fiscal o también de estafa. Por ello, el caso volvió al juzgado de Picassent.
Uno de los tres delitos imputados al padre Ángel inicialmente era de estafa agravada que, por la pena que lleva aparejada, supera los límites de las penas previstas para el conocimiento de los juzgados de lo penal. Además de los serios problemas con Hacienda, el falso sacerdote tuvo que hacer frente a tres denuncias por estafa que presentaron varios ex miembros de su asociación.
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