Un 'ejército' fantasma de
5.000 niños: los menores inmigrantes desaparecidos en Italia
"Sólo una cosa es segura: nadie los busca. Lo único que se
puede hacer en Italia es informar de su desaparición,
no se permite presentar una denuncia. Por eso, ni la policía ni los carabineros
los buscan”. Así de rotundo se muestra Paolo Rozera, director de Unicef Italia,
ante las preguntas de este medio sobre el dramático fenómeno de los miles de
niños inmigrantes que, desde hace años,desaparecen en territorio italiano.
Son los menores invisibles, niños que se
han evaporado tras haber sido registrados en el sistema de acogida local, la
mayoría entre las 48 y 72 horas siguientes a su llegada al Viejo Continente. Un
ejército fantasma integrado por
5.828 menores -
según un informe de Save the Chlidren-, de los cuales unos
2.440 desaparecieron sólo en 2017, según datos del Ministerio del Trabajo y
Asuntos Sociales.
El cómputo excluye la desconocida cifra
de menores no acompañados víctimas de la trata,
preadolescentes y adolescentes que al desembarcar, y bajo amenaza de los
traficantes, aseguran ser mayores de edad y acaban en las redes de
prostitución.
Esto impide que los expertos se atrevan a concretar cuántos
menores inmigrantes han desaparecido en Italia. "Cualquier número
es una estimación sobre un fenómeno que no ha disminuido”, insiste
Rozera.
"La inacción de Italia y Europa ha
sido absoluta, a pesar de que hayamos pedido reiteradamente la creación de un
banco de datos europeo con las generalidades de cada uno de estos menores. Esto
demuestra que
el fenómeno ha sido menospreciado en toda la Unión Europea”, añade el director de Unicef Italia.
El fenómeno también es difícil de
calibrar porque las circunstancias de las desapariciones son complejas de
reconstruir, la coordinación europea sigue siendo insuficiente y todavía no
existe un sistema internacional eficaz para rastrear a estos niños,
sostienen los expertos. A todo esto se suma la cuestión de los menores no
acompañados que abandonan las estructuras de acogida.
“Nuestros hogares de acogida no son
cárceles,
no tenemos ni el personal ni la facultad de impedirles que se
vayan. Tan pronto entran en nuestros centros ya tienen un número de
teléfono al que llamar y, aterrorizados por los traficantes [
que los han traído a Europa], cumplen las órdenes que
recibieron”, explicaba hace tiempo a esta reportera Simona Fernández, del
centro de acogida para menores ‘Salam’ de Taranto,
en Sicilia.
Una situación que a día de hoy no ha cambiado.
Entre los niños censados, la
gran mayoría (90%) son varones y provienen de la África subsahariana y Egipto. Los
primeros quieren generalmente continuar con su viaje hacia el norte de Europa,
una intención que se topa actualmente con el endurecimiento de las políticas en
fronteras como la italo-francesa. Allí precisamente se han registrado
testimonios de menores que aseguran que policías franceses llegaron a
cortarles la suela de los zapatos para impedir que continuasen con su
viaje, según Oxfam Intermon.
“De los egipcios, en cambio, tenemos
constancia de que siguen acabando en las
grandes ciudades italianas
explotados ilegalmente en el sector de las frutas y verduras, en la
construcción y en restaurantes, donde les pagan hasta tres euros la hora”,
explica Roberta Petrilli, investigadora de Save The Children especializada en
trata de seres humanos. “De esta manera,
devuelven la deuda contraída
por sus padres, que con tal de que los chicos lleguen a Europa se
comprometen a pagar miles de euros, una cantidad que los menores tienen que
devolver a los traficantes”, añade Petrilli.
Capítulo aparte son las víctimas de
trata,
en su mayoría adolescentes nigerianas sujetas a las
tiranías de los proxenetas. “Después del desembarco, nos tomaron las huellas
digitales y nos llevaron a un centro… un apartamento fuera de la ciudad, en
Siracusa (Sicilia). Por las noches nadie nos vigilaba, así que nos escapamos;
todas, las once. Allí no había manera de contactar con nuestras familias y que
nos enviaran dinero… seis se quedaron, nosotras nos vinimos a pie para Catania
(otra ciudad siciliana)”, declaraba L., de 15 años,
una joven que había partido un año antes de Eritrea.
"El fenómeno también se da en España"
“Aunque también está el fenómeno
de la prostitución masculina de menores, muy visible en los
alrededores de la estación de trenes de Termini, en Roma”,
explica Rozera, el directivo de Unicef, una organización que también asiste a
los menores inmigrantes en las dos naves de la Guardia Costera que se
encuentran ahora en el Mediterráneo, la Diciotti y la Dattilo. “Es una
actividad esencial, intentamos que los menores reciban la información que
necesitan”, indica.
Se trata, con todo, de una gota en medio
de un mar todavía muy turbulento.
Egipto, con 1.513 menores
migrantes desaparecidos en 2017,
Eritrea (con 1.326) y
Somalia
(con 1.241) lideran la lista de países por número de niños desaparecidos. Les
siguen Afganistán, Nigeria y Gambia en "un fenómeno que en parte, también
se registra en otros países europeos,
como España y Francia”,
añade Rozera.
Pese a todo, en Italia se han dado algunos
pasos positivos. En mayo de 2017 entró en vigor la ley Zampa,
el primer texto legislativo centrado específicamente en la protección de los
menores no acompañados que llegan a Italia. Un esfuerzo normativo que ha
propuesto, entre otras cosas, el nombramiento de tutores cualificados, la reducción
de los tiempos de permanencia en los centros de primera acogida y la
prohibición de rechazar a los menores que llegan a las fronteras italianas. Con
todo, “que este texto fuera aprobado fue una buena noticia, pero todavía se
requiere de más tiempo [para que se implemente adecuadamente]”, dice Petrilli.
A todo esto se suma la incógnita añadida
por el Gobierno liderado por el populista Movimiento 5 Estrellas y de la
xenófoba
Liga de Matteo Salvini, que en menos de un mes en el
poder ha mostrado
una hostilidad frontal hacia la inmigración irregular.
Aunque, claro está, no todo son obstáculos originados en Italia. Un problema
añadido es la falta de políticas para faciliten las reagrupaciones familiares
porque, según las ONG, se encuentran paralizadas desde septiembre de 2017 en
todo el territorio europeo.
Irene Savio. Roma